En presencia a la pandemia global, COVID 19, los estados y las localidades han emitido restricciones estrictas sobre el movimiento y aislamiento de las personas al tiempo que los gobiernos de estos estados y las localidades luchan por controlar lo que rápidamente puede convertirse en un desastre nacional. El estado de Carolina del Norte ha sido declarado en emergencia en consideración a la salud, seguridad y bienestar de sus ciudadanos. También, muchos de los condados del estado han emitido reglamentos compatibles con tal declaración de emergencia.

Carolina del Norte tiene numerosas leyes que regulan y definen lo que consiste una violación de salud pública. Éstas se pueden encontrar en el capítulo 130A de los estatutos generales del Estado. El código administrativo de Carolina del Norte también provee reglamentos sobre la materia en el capítulo 10A, sección 41A. Ambos de estos incisos dejan claro que una violación de la reglamentación sobre salud pública puede ser ejecutada legalmente como proceso civil o criminal. Un proceso civil ocurriría cuando el director de salud del estado solicite una orden de la corte dictando que una persona particular sea puesta en aislamiento o cuarentena bajo instrucciones emitidas por un médico o algún otro tipo de trabajador de los cuidados de salud. Una violación de tal orden podría resultar en que la persona se considere en desacato a la corte. Una ejecución criminal de tal orden se clasificaría como un delito menor con castigo de hasta dos años en prisión. En tal evento que alguien sea arrestado por la violación de una orden de salud pública, la persona podría ser detenida en un local diferente a la corte o cárcel para proteger a la salud de otros en detención.

No obstante que los términos “aislamiento” y “cuarentena” se usan en forma intercambiable durante la crisis del virus corona, es importante notar que, legalmente, estos se definen con sentidos diferentes. Bajo las leyes del estado de Carolina del Norte, una orden de aislamiento impone límites al movimiento de una persona infectada con una enfermedad o condición comunicable. En el otro sentido, una cuarentena pone límites en el movimiento de una persona que ha sido expuesta a la enfermedad o condición comunicable. Además, una cuarentena puede también limitar el acceso de personas a alguna zona o ubicación en particular por estar esta ubicación contaminada con algún virus u otro agente de infección. Un dictamen de cuarentena puede también limitar el movimiento del público no inmunizado durante un proceso de enfermedad infecciosa. Por ejemplo, una persona con diagnóstico de COVID-19 se consideraría en aislamiento cuando se le previene interactuar con el público para prevenir la difusión de la infección a otros. En el estado de Carolina del Norte la situación actual puede referirse más bien como una cuarentena que aplica al público en general, sin que las personas sean infectadas o no, e impone límites dictaminando a donde las personas pueden ir o no en sitios públicos.

Una orden de limitación al movimiento de personas puede ser emitida por el director de salubridad de un condado o localidad. Tales órdenes podrían en efecto prohibir que individuos vayan a ciertos lugares o exigir que se confinen en cierto lugar, tal como su hogar. No obstante lo anterior, cualquier orden de aislamiento o cuarentena requiere ser consistente con las pautas emitidas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del gobierno de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). La jurisprudencia del caso también requiere que estas órdenes deben de aportar la expectativa de reducir el riesgo de transmitir a la enfermedad, siempre y cuando tal orden se adhiera a fundamentos científicos y médicos amparados por investigaciones formales. Para enfermedades transmisibles por medios aéreos, por ejemplo, el Director de Salud podría requerir el aislamiento físico o la cuarentena del público por el periodo infeccioso de la enfermedad.

Bajo los estatutos generales del estado 130A hasta 140 (a), una orden de cuarentena puede durar por el periodo que se considere que la salud general del pueblo está en peligro o en amenaza. Sin embargo, la ley de Carolina del Norte restringe este periodo a que sea por un periodo prudente y que la cuarentena máxima sea de 30 días. Si se considerara necesario, El Director de Salud podría solicitarle a la corte una extensión indicando un periodo máximo. El Director de Salud tendría la obligación de demostrar la necesidad y el raciocinio de tal solicitud para proteger la salud seguridad y bienestar del público.

Las Cortes de Carolina del Norte aún no han considerado un caso concerniente a la constitucionalidad de tales órdenes de aislamiento o cuarentena. Pero en el año 2015, este tema exacto fue considerado en la corte distrital en New Jersey en el caso de Hickox Versus Christi. Este caso trataba específicamente sobre una enfermera que fue puesta en cuarentena por varios días al regresar de Sierra Leóne donde ella ayudaba a las víctimas del virus ébola. La enfermera Hickox sometió una demanda bajo las leyes de derecho civiles en contra de varios de los oficiales del Estado alegando que sus derechos constitucionales que la protegen sobre detención ilegal habían sido violados en contravención de las enmiendas número cuatro y 14 de la constitución de los Estados Unidos. En este caso, la corte razono qué su situación no demostraba una violación de alguna ley establecida y la corte encontró finalmente que la cuarentena de ella no era inconstitucional y si representaba un ejercicio valido del poder del Estado para proteger la salud, seguridad y bienestar de sus ciudadanos. Por ende, el confinamiento de la señora Hickox fue legal y no anti-razonable o arbitrario. El propósito primario del estado fue en proteger al público de una transmisión de la enfermedad ébola. Tal razonamiento se puede aplicar en la actualidad directamente a las órdenes de cuarentena y aislamiento que buscan limitar la transmisión del COVID-19 en el estado de Carolina del Norte.

En Carolina del Norte, la ley de gerencia de emergencias citada en los estatutos del estado sección 166A autoriza a las autoridades gubernamentales de dictar medidas de emergencia para manejar una situación de crisis. Bajo esta ley, una emergencia se define como una amenaza eminente de daño severo o disperso y con riesgos de heridas o muertes–esto incluye enfermedades y otras amenazas a la salud pública. Al declarar a un condado en estado de emergencia, la ley otorga ciertos poderes automáticos a los oficiales del gobierno para imponer límites sobre diversos aspectos de la vida común; éstos poderes incluyen: 1) limitar el movimiento de personas en sitios públicos, dictando toques de queda, evacuaciones, y/o el cierre de vías y carreteras; 2) el cierre de oficinas y negocios donde las personas pudiesen congregar; 3) la posesión, transporte, o venta de bebidas alcohólicas; 4) la posesión o venta de sustancias o armas peligrosas; y/o 5) restricciones sobre otras actividades que se consideren necesarias para mantener el orden y proteger la vida. Esto no otorga a los oficiales gubernamentales el poder para suspender las leyes estatales o federales o para negarle a ningún individuo las protecciones constitucionales.